Demandan medidas cautelares para “Caminata del Migrante”

Agencias
17/10/201811:24:49

Se debe dar prioridad a grupos vulnerables, como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas mayores, con discapacidad y a quienes requieran atención especial, con pleno respeto a su dignidad y derechos humanos.

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 17 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a autoridades federales, así como estatales y municipales de Chiapas, que se implementen medidas cautelares y humanitarias en beneficio de los integrantes de la “Caminata del Migrante”.
El organismo indicó que ayer notificó a las autoridades correspondientes de la solicitud de medidas cautelares, para que de manera coordinada y de acuerdo con sus competencias emprendan acciones inmediatas para que en los lugares que se habiliten para el alojamiento de los migrantes, se les proporcione alimentación, atención médica y psicológica.
Destacó que se debe dar prioridad a grupos vulnerables, como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas mayores, con discapacidad y a quienes requieran atención especial, con pleno respeto a su dignidad y derechos humanos.
La solicitud fue dirigida especialmente al Instituto Nacional de Migración, al cual le pidió que las acciones de verificación migratoria que practique se lleven a cabo con respeto a los derechos fundamentales y con especial consideración a los integrantes de los grupos mencionados, además de que instruya que, en atención al principio de no devolución, se realicen las acciones correspondientes para que a las personas que pretendan solicitar refugio les sea respetado ese derecho.


A Policía Federal, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, así como a los presidentes municipales de Tapachula y de Suchiate les solicitó que cualquier actividad que realicen en torno de la “Caminata Migrante” respete los derechos de las personas en contexto de migración y se atiendan las particularidades de cada grupo o persona.
También les solicitó proporcionar la seguridad pública necesaria en los lugares de pernocta de las personas integrantes de la caravana y durante la espera para ser atendidas por la autoridad migratoria.
Señaló que la solicitud de medidas cautelares es parte de la función primordial de la CNDH y permiten conservar y proteger a una persona en el goce de sus derechos humanos. Su propósito es evitar la consumación irreparable de hechos violatorios a estas garantías.
Afirmó que cumplen con requisitos indispensables para proceder a su otorgamiento, como el riesgo o peligro real en que se puede encontrar una persona debido a circunstancias; la urgencia, determinada por la información y contexto de los hechos que indican peligro y amenazas, e irreparabilidad del daño, consistente en la probabilidad de que se cause una afectación que no pueda ser susceptible de reparación, restauración o adecuada indemnización.


Las medidas, firmadas por el quinto visitador General de la CNDH, Édgar Corzo Sosa, fueron dirigidas a Rafael Adrián Avante Juárez y Patricia Martínez Cranss, subsecretario de Derechos Humanos y subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, respectivamente; Pablo Antonio Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud; Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad.
Asimismo, a Gerardo Elías García Benavente, comisionado del Instituto Nacional de Migración; Jesús Naime Libién, titular del Sistema Nacional DIF; Luis Enrique Guerra García, procurador Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Mario Carlos Culebro Velasco, secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas; Octavio Lozoya Uribe y Luis Manuel García Moreno, encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y secretario de Protección Civil de esa entidad, respectivamente.


También a Leticia Guadalupe Montoya y Juan Pablo Pinto Gómez, encargada del Despacho de la Secretaría de Salud, y director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y Claudia Guadalupe Castellanos Galdámez, procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del DIF, de esa entidad, respectivamente; Óscar Gurría Penagos, alcalde de Tapachula, y Sonia Eloína Hernández Aguilar, presidenta municipal de Suchiate, Chiapas.
Las medidas cautelares se pidieron por el tiempo que se requiera y tienen como fundamento los artículos 3, 6 fracción II y 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno. La CNDH solicitó que se le informe de manera inmediata respecto de su aceptación y, en ese caso se le reporten las actividades que se realicen para su cabal cumplimiento.
La Comisión indicó que mantendrá su observación respecto al cumplimiento de las medidas cautelares en favor de las personas en contexto de migración, con el fin de que les sean respetados sus derechos humanos.