A un año de la masacre de San Mateo del Mar y pese a 160 órdenes de aprehensión, no hay un sólo detenido

Xavier Jasso
21/06/202114:17:12

Durante una protesta frente a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones a un año de los hechos, aseguraron que el fiscal general Arturo Peimbert Calvo, no ha dado ninguna razón para no iniciar con las detenciones contra los autores materiales

San Antonio de la Cal.— Al cumplirse un año de la masacre de 15 ikoots en San Mateo del Mar, familiares de las víctimas, familias desplazadas y representantes de organizaciones políticas, denunciaron que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) se ha negado a ejecutar las órdenes de aprehensión contra los responsables de estos homicidios.

Durante una protesta frente a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscrita a la FGEO, y a un año de los hechos en que 13 hombres y dos mujeres fueron asesinadas e incineradas en la comunidad de Huazantlán del Río, aseguraron que el fiscal general Arturo Peimbert Calvo, no ha dado ninguna razón para no iniciar con las detenciones contra los autores materiales.

Hoy también se cumplió un año en que 15 familias fueron víctimas de desplazamiento forzado por la violencia en esta comunidad del Istmo de Tehuantepec de Oaxaca, y las autoridades no han garantizado su retorno seguro.

Desde entonces, viven en el Zócalo de la capital del estado frente al palacio de gobierno.

Las víctimas estuvieron acompañadas en la protesta de los dirigentes de las organizaciones Frente Popular Revolucionario (FPR), Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL) y del Comité de Personas Desaparecidas, que a su vez, forman parte de la Red Estatal de Víctimas.

El dirigente la UACOL, Lenin Pérez Gómez, precisó que ya fueron liberadas más de 160 órdenes de aprehensión contra los autores materiales del asesinato de las 15 personas; pero ninguna se ha ejecutado ni garantizado el regreso de las familias a sus hogares.

“Las autoridades están del lado de los asesinos. No creemos en la justicia burguesa del estado, solamente a través de la movilización exigiremos justicia”, dijo.

Las víctimas han señalado como autores materiales e intelectuales a José Luis Chávez Salinas (actual agente municipal de Huazantlán del Río), Camerino Dávalos Larrinzar, Laura Fiallo Sandoval, Máximo Leyva Piamonte, Teófila Ochoa, Emanuel Villaseñor Bustillos, Israel Oviedo Aldama y Ramiro Escudo Comonfort, entre otros.

Macario Otalo Padilla, dirigente del FPR, agregó que el asesinato de 13 hombres y dos mujeres en esta comunidad de San Mateo del Mar son de tipo político porque pretenden “limpiar el camino” para que se puedan establecer proyectos y empresas que se dedican al saqueo de los recursos naturales. También sostuvo que la justicia en Oaxaca no es pareja.

“Siempre es expedita cuando son funcionarios o familiares de funcionarios. Cuando se tata de comunidades se buscan mecanismos de dilación para archivar los casos y las familias no continúen con el reclamo de las investigaciones”, dijo.

Con la protesta exigieron una audiencia con el fiscal Arturo Peimbert en la que aclare cuál es el estatutos de las investigaciones y de las órdenes de aprehensión.

Según sus respuestas, adelantó, iniciarán una jornada de movilizaciones para exigir tanto al gobierno estatal como federal, que haya justicia y se lleve a las cárcel a los autores materiales e intelectuales.

La masacre de San Mateo del Mar se dio como consecuencia de un conflicto político-social que la comunidad arrastraba desde 2019, cuando pese a la violencia en la elección de autoridades, se validó el triunfo de Bernardino Ponce Hinojoza como presidente municipal, a quienes autoridades comunitarias desconocieron como edil.

Dicho grupo denunció al edil de incumplir con obras y de generar violencia, pues se le responsabilizó de un ataque armado a Huanzantlán del Río, donde fueron quemados vehículos y desapareció el suplente del agente, quien posteriormente fue encontrado asesinado.

La masacre de aquel 21 de junio de 2020 se dio luego de la confrontación de ambos grupos, el afín al presidente municipal, y el de autoridades comunitarias que lo desconocían. Las víctimas pertenecen al primer grupo.