Advierte CFE impacto si cambia política eléctrica

El Universal
04/07/201800:00:42

El pasado 6 de junio, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó a inversionistas que en función del proceso electoral del 1 de julio, el nuevo Presidente de México puede influir en acciones gubernamentales y en la emisión de nuevas políticas relacionadas con la economía mexicana y el sector eléctrico. La nueva administración “podría implementar […]

El pasado 6 de junio, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó a inversionistas que en función del proceso electoral del 1 de julio, el nuevo Presidente de México puede influir en acciones gubernamentales y en la emisión de nuevas políticas relacionadas con la economía mexicana y el sector eléctrico.

La nueva administración “podría implementar cambios sustantivos a las leyes, políticas y regulaciones”.

En su “Informe Anual 2017”, la empresa comentó que estas decisiones pueden “afectar de forma negativa el negocio, situación financiera y resultados de la operación de CFE”, dado que está sujeta, en materia presupuestal, a las aprobaciones de la Secretaría de Hacienda y en planeación a la Secretaría de Energía.

Detalló que a la fecha del reporte anual, ningún partido político mantenía una mayoría simple en ninguna de las cámaras del Congreso, situación que se definió en las elecciones del 1 de julio.

Al referirse a los factores de riesgo para, el documento avalado por su director, Jaime Hernández Martínez; Jorge Alberto Mendoza, director corporativo de Finanzas, y Roberto Martínez Espinoza, abogado general, sostiene que la CFE opera en una industria guiada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Por lo tanto, los resultados de operación de la empresa están estrechamente vinculados a “ciertos factores que están bajo el control de la CRE”, como la regulación de las tarifas.

En consecuencia, un cambio en la ley, reglamentos o políticas en el país “podría tener un impacto negativo en el negocio, condiciones financieras y resultados de operación de la empresa productiva del Estado”.

Cita, por ejemplo, que el Ejecutivo podrá determinar mecanismos de fijación de tarifas distinto a los definidos por la CRE para ciertos grupos de usuarios del suministro.

Informó que “el gobierno federal controla a la CFE”, lo cual puede limitar la capacidad de la empresa para cumplir obligaciones de pago de deuda y “reorganizar o transferir los activos de la CFE”, es decir, dar marcha atrás a la división de negocios.

Recursos. Advirtió además que el presupuesto puede ser ajustado por el gobierno en ciertos aspectos y “dichos ajustes podrían afectar su capacidad para competir exitosamente con otras compañías”.

La CFE detalló que “no puede predecir el impacto que tendrán los eventos políticos en México en relación con la economía, el sector energético y los resultados de la compañía”, pero gran parte de su operación se determina por la legislación vigente y las directrices del gobierno.

Por ejemplo, la empresa debe acordar con la Secretaría de Hacienda un calendario de financiamiento y está sujeta a las disposiciones de la Ley Federal de Deuda Pública.

Incluso, a raíz de la reforma la planeación del Sistema Eléctrico Nacional quedó bajo la responsabilidad de la Secretaría de Energía y se refleja en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional —el más reciente cubre el periodo 2018-2032.

El plan define una asignación “tope” de capital para inversiones de acuerdo con la capacidad de generación de flujo de la empresa asegurando su sostenibilidad financiera.

Este tope se traduce en un límite para cada área de negocio, lo que significa que el nuevo gobierno puede modificar los 327 mil millones de pesos que la CFE tiene planteados en los próximos cinco años.

La CFE sostiene que el control gubernamental, en manos de la nueva administración, puede también limitar sus capacidades para cumplir sus obligaciones de pago.