05/11/201800:00:26

El “demos” perdido en un aeropuerto

Agustín Basave

05/11/201800:00:26

En el debate y el posdebate sobre el aeropuerto se ha soslayado lo más importante. No cuestiono la pertinencia de las dos discusiones que han acaparado la atención de la opinión pública —la de ventajas y desventajas de las opciones planteadas para resolver la disfuncionalidad del AICM y la de la validez y los vicios de la consulta realizada— pero sí digo que es algo más trascendente y menos analizado lo que en el fondo está en juego. Me refiero al afianzamiento del poder real, que trazó el curso de la disputa y dictó su desenlace.
Lo que movió a Andrés Manuel López Obrador fue su determinación de consolidar su preeminencia política, específicamente frente al empresariado. A quienes no lo habían entendido se los aclaró en su lenguaje simbólico al poner visiblemente a su lado la obra titulada ¿Quién manda aquí? en su reciente video. Se equivocaron quienes pensaron que pretendía lavarse las manos y endosar una u otra decisión a los consultados. Nos equivocamos —me incluyo— quienes supusimos que había aceptado la conveniencia de seguir adelante en Texcoco y quería justificar así el incumplimiento de una promesa de campaña.
El mantra de López Obrador es “primero los pobres”. Se trata de la inveterada tesis de la izquierda electoral que yo suscribí hace tres años en mi libro “La cuarta socialdemocracia” (Catarata, Madrid, 2015). Cito mi texto: “La gran asignatura pendiente de la democracia es separar el poder político del poder económico. El neoliberalismo, como he argumentado, colocó a la cosa pública en un estado de mendicidad frente a la cosa privada, y con ello puso a los representantes a merced de un puñado de representados […]. Durante varios siglos la teoría política avanzó gradualmente hacia un equilibrio entre poderes. Primero determinó la separación del poder espiritual del terrenal y destacó las bondades de la república (Maquiavelo). Luego decidió que quienes fijan las reglas y quienes las ejecutan (Locke) o quienes legislan, aplican la ley y dirimen conflictos (Montesquieu) se convirtieran en contrapesos unos de otros. La idea era que los poderes se contuvieran entre sí para que ninguno de ellos prevaleciera sobre los demás. Pero aún no se ha diseñado un sistema que impida la supeditación de la política al dinero” (pp. 82-83).
Me queda claro que fue este el móvil del presidente electo. Está convencido de que es mejor hacer el nuevo aeropuerto en Santa Lucía y de que su sondeo fue la medida adecuada, sin duda, pero a mi juicio el quid de sus acciones fue fortalecer su posición ante la élite empresarial. Su mensaje podría resumirse así: fue a mí a quien eligieron más de 30 millones de mexicanos, soy yo quien tiene el mandato para interpretar el interés general y no voy a permitir que los ricos impongan sus intereses particulares, y como muestra de mi base de apoyo va el botón de la consulta, para que no se quejen de movilizaciones. Quizá por momentos los análisis de costo-beneficio lo hicieron dudar, pero a fin de cuentas prevaleció su resolución de dar un golpe de mando, lo cual trocó el diferendo en una batalla ideológica, casi clasista, y polarizó al país.
En torno la decisión de desechar el NAIM se ha discutido mucho desde la óptica jurídica y económica y muy poco desde la perspectiva política. Me parece un error de tiempos, tema y método cancelar ese proyecto de infraestructura —se podrían depurar las contrataciones, castigar a los corruptos, garantizar un destino socialmente útil a los terrenos del AICM y ahorrarse el desgaste— y considero que no debemos buscar el “demos” perdido en un aeropuerto, pero también sostengo que es imperativo anteponerlo al “cratos”. En esto último tiene razón AMLO. ¿Y si esperara a sentarse en la silla y, con un plebiscito amplio y con sustento legal, pusiera su capital político al servicio de una mejor causa como lo es una reforma fiscal redistributiva?
He aquí el debate que hace falta: cómo construir autoridad sin autoritarismo. Cómo contrarrestar la crisis de representatividad emanada de la primacía del gran capital sobre los gobernantes, que en algunos casos engendra rebeliones autodestructivas —Trump y Bolsonaro, v.gr. — y que amenaza con provocar la segunda muerte de la democracia.