21/05/202000:02:34

Congreso ligth

Daniel Castro Jiménez Artículo

Artículo

21/05/202000:02:34

No es la primera vez que le dan “revés” al Congreso tabasqueño desde el máximo Tribunal del país. En medio del periodo de receso y teniendo en su carpeta cerca de 200 iniciativas durmiendo el “sueño de los justos”, la LXIII Legislatura local se ubica de nueva cuenta en el “ojo del huracán” por dos temas que han ocupado la atención de la opinión pública en medio de esta pandemia.
El primero de ellos es la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena al Congreso de Tabasco emitir la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, porque ha sido omiso al no legislar al respecto, dando de plazo hasta el 5 de septiembre próximo para no caer en desacato.
En diálogo con Gabriel Alamina, asesor parlamentario en ese entonces de Morena, nos recordó ayer que en el 2018 la diputada María Luisa Somellera presentó la iniciativa para la emisión de esta Ley, empero la fracción del PRD -en ese entonces de mayoría- la frenó para su discusión.
En ese 2018 un ciudadano promovió un juicio de amparo para hacer valer su derecho de indemnización por daño patrimonial (por tortura), señalando que en Tabasco no hay legislación local al respecto, toda vez que en el ámbito federal se salvaguarda este derecho.
Sin embargo la líder del Congreso, Beatriz Milland Pérez, promovió una revisión para frenarla.
Esta reforma abriría la puerta para demandar al Estado por acciones negligentes de carácter administrativo; vaya, hasta el no dejar a medios de comunicación acudir a las sesiones ordinarias, extraordinarias y de Jucopo.
Los daños generados a vehículos particulares por baches en vías de comunicación y hasta si un ciudadano se accidenta en una alcantarilla abierta, se abrirían con esta ventana jurídica.
La Ley tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado y sus poderes. En este sentido la LXIII Legislatura vuelve a perder sentido legislativo luego que el Juez primero resuelve a favor de esta queja y ordena que en Tabasco se legisle en la materia para proteger el derecho a indemnizar a los ciudadanos por cualquier daño en sus bienes patrimoniales, ocasionados por negligencia de las autoridades.
Si esperan hasta septiembre, quedarían muy mal parados.

KYBALIÓN.- Otro de los puntos negros en la LXIII Legislatura es la adecuación del marco legal que regule las actividades de campaña, proselitismo y operatividad de la elección intermedia del 2021, en caso de que la pandemia por Covid-19 se mantenga hasta el año que viene. Países de Latinoamérica y Europa se encuentran ya en estos momentos marcando la ruta crítica del “votovirus”, a partir de los daños colaterales del coronavirus. De acuerdo a la Ley los diputados locales todavía tienen hasta el 30 de junio para una reforma electoral; el proceso inicia en octubre, exactamente 90 días entre ambas fechas que tiene como límite el Artículo105 de la Constitución federal.
Sin embargo en vez de cabildear en comisiones o en la Junta de Coordinación Política, sesionar en extraordinario y acercarse a los cabildos para validar adecuaciones, siguen de vacaciones de aquí a los próximos tres meses.