09/05/201900:00:38

La Ley sin ley

09/05/201900:00:38

A pocas horas que la Comisión de Seguridad Pública en el poder legislativo aprobara la ley contra el “pirataje” en el transporte público, el reclamo de la Egla Cornelio Landero, titular de la Secretaría de Movilidad, metió en serios aprietos al congreso local.
La funcionaria reclamó que la LXIII legislatura no tomó en cuenta su propuesta de penalizar a funcionarios de la SCT con vínculos al transporte ilegal, siendo rechazada en la comisión que encabeza Julia Pardo Contreras, diputada por Balancan, quien preside ese órgano rector.
El proyecto original, fue presentado por el legislador de Morena José Concepción García González y en mismo establece que se impondrá prisión de cuatro meses a un año, y de 50 a 100 días de multa, al que sin contar y valiéndose de permisos apócrifos o vencidos brinde indebidamente el servicio público de pasajeros.
La Ley refiere que se aplicará cárcel de cuatro a seis meses, y de 10 a 50 días de multa, al que de manera imprudencial o temeraria, conduzca una unidad de transporte público y, así, exponga la vida de los usuarios del mismo.
Se menciona que se castigará con prisión de dos a tres años y de 100 a 250 días de multa, al que clone y/o utilice signos de identificación de algún transporte público del estado; fracción. Además de Prisión de tres a ocho años y de trescientos a seiscientos días multa, al que utilice el transporte público para cometer cualquier acto ilícito, sumando una fracción que penaliza con prisión de cuatro a diez años a quien facilite algún medio de transporte público para realizar cualquier acto ilícito.
Hasta aquí, pareciera que la propuesta marcharía bien, sin embargo la titular de movilidad “puso el dedo en la llaga” al insistir ayer en que la Ley está incompleta, por no sancionar a los funcionarios de la SCT que se les compruebe vínculos con “piratas del transporte”.
“No entiendo a los diputados” refirió la funcionaria.
Para el legislativo, las sanciones a funcionarios en general está prevista en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, por lo que no debe replicarse.
Sin embargo, dicha ley habla específicamente de sanciones administrativas, en tanto la propuesta a fondo es la de adicionar al código penal, hasta con 8 años de cárcel a los funcionario -específicamente de la SCT-, a quienes se compruebe sus nexos con el pirataje en el transporte de pasajeros. El debate interno en el Congreso se agotó el pasado martes, con las acciones de Julia Pardo.
Pero ahora, la Ley se mantiene en el limbo, aprobada en comisiones pero sin bajar al pleno, en medio de un debate abierto que busca poner en orden al tema del pirataje, no solo en cuanto a funcionarios de la SCT, sino hasta legisladores.
Recordando que en la LXI legislatura, por ejemplo se identificaron algunos legisladores con unidades de las llamadas 9 mil a nombres de terceros.
En la anterior legislatura, sumaron 6 los diputados que tenían concesiones de taxis y hasta “uber” operando en la capital del estado; nunca fueron detenidas esas unidades, se presume por “pitazos” desde adentro de la dependencia.
En la actual legislatura, las miradas voltean al mil veces señalado Agustín Silva Vidal, quien a nombre de terceros, presumen todos los días los transportistas atrincherados frente al recinto legislativo, tiene algunos negocios de ese tipo.
Como se dice entre la chocada pues, tiene todavía sangre la tortuga, en término de esta ley.

KYBALION.-
Muy contento se encontraba ayer el Presidente del CDE del PRI en Tabasco, quien llegó temprano a la sede estatal de su partido. Trascendió entre sus colaboradores que recibió una llamada de Roberto Madrazo Pintado.
Así que no se sorprendan si uno de estos días, aparece desayunando con Pico Madrazo.