28/09/201800:00:45

El ocaso de la justicia en México

José Alberto del Rivero Análisis

Análisis

28/09/201800:00:45

Mis amables y leales lectores, Sainz Borgo nos dice que el acceso a la justicia es un concepto complejo que se manifiesta en diversas expresiones, pero al menos se articula en forma de bisagra en sus dos principales vertientes: como un atributo administrativo del Estado soberano y como entidad jurídica. Este es un servicio público fundamental, sujeto no solo a los controles administrativos y financieros, sino a un conjunto de normas de entidad más alta como son los principios legales del Estado, de carácter nacional e incluso internacional, que permiten articular su funcionamiento con los requerimientos de los usuarios de la justicia en el Estado, pero también en el contexto de una estructura legal internacional, con principios jerárquicos internacionales en materia política y de derechos humanos.
En relación al acceso a la justicia en México, diferentes organismos de derechos humanos, tanto a nivel internacional como nacional, han elaborado documentos e informes que revelan importantes datos, de los cuales se puede desprender que las violaciones a derechos humanos han sido una constante en el sistema político mexicano, año tras año. En concreto, Amnistía Internacional realiza anualmente informes sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, y en cada uno de ellos se aprecian preocupantes cifras relacionadas a delitos impunes y violaciones de derechos humanos de grupos vulnerables.
Por todo lo anterior, México ha sido internacionalmente conocido como un país en el que el acceso a la justicia se ha transformado en un sueño democrático muy lejano, llegando incluso a arraigarse en la mentalidad de sus habitantes que todo lo que ocurre es normal y no cambiará de forma alguna. Los retos que enfrenta la administración entrante son principalmente fácticos en relación con el acceso a la justicia, es decir, hacer cumplir cabalmente los estándares internacionales en la materia y reducir las cifras de impunidad y violación a derechos humanos que penosamente se publican año tras año sobre México, especialmente al ser testigos de que el Índice Global de Paz 2018 posicionó a nuestro país en el lugar número 140 (de 163 países) en cuanto a su situación de paz, etiquetándolo como un país con un índice de paz “bajo”.
Por tal motivo es importante considerar el tema del servicio a la justicia de una forma compleja. El acceso a la justicia es una categoría normativa que procede de la garantía constitucional o incluso de la protección como un derecho humano consagrado en tratados. Esta categoría normativa no puede expresarse de forma administrativa como un servicio público. La categoría conceptual de política pública, tomada dentro de su acepción más sencilla, ¿y cual sería esta? rescatar, por ejemplo, la estructura de los jueces municipales o jueces del pueblo, apoyándose con el Decreto no. 56 de Francisco J. Santamaría.
Por otro lado, nos menciona Francisco Rojas que en el actual contexto latinoamericano, las dificultades de consensos de los parlamentos buscan ser resueltas con la judicialización de muchos temas de la política y, a su vez, desde la perspectiva de la administración, el tener control de la judicatura lleva a una creciente politización de la justicia y esto genera una tensión irresoluble que debilita la democracia y, en algunos casos, abre oportunidades para mayores niveles de impunidad y, en los más graves, abre espacios para que actores ilegales tengan un mayor peso político y mayores espacios de acción, por omisión, por incapacidad o por corrupción.