27/07/201800:00:23

Populismo ramplón

Manuel J. Clouthier

27/07/201800:00:23

El populismo no es una ideología, es una actitud frente a la responsabilidad. Porque el populista no quiere ser responsable en el ejercicio de gobierno, lo que quiere es ser popular.
AMLO y los morenistas electos deberán entender que gobernar con responsabilidad no siempre será popular. La sociedad recibió bien el “Plan 50” de austeridad propuesto, pero este debe trascender un estilo personal de gobernar y proponer medidas institucionales y legales que restructuren de fondo el gobierno. Andrés Manuel deberá decidir si quiere aportar a un verdadero cambio o solo simular. ¿Qué hará Morena en el Congreso de la Unión, populismo ramplón o austeridad, honestidad y transparencia republicana? Los legisladores electos morenistas Horacio Duarte y Mario Delgado plantean sus decálogos de austeridad, pero ¿se van a atrever a realizar las reformas legales para cambiar el Congreso?
El presupuesto 2018 de la Cámara de Diputados es de casi 8 mil 500 millones de pesos; la Auditoria Superior de la Federación (ASF) acusa en sus informes de revisión de la cuenta pública que el Poder Legislativo excede con impunidad el presupuesto autorizado por ellos mismos; también señala la ASF que los grupos parlamentarios manejan con total opacidad y discrecionalidad los recursos públicos que se les asignan.
En esta 63ª Legislatura que está por concluir, la “dieta mensual bruta” (léase sueldo) del legislador es de 105 mil 378 pesos quedando aproximadamente en 72 mil pesos netos; además reciben apoyos para transporte por 59 mil 600 pesos, para asistencia legislativa de 45 mil 786 y para atención ciudadana la cantidad de 28 mil 772 pesos. El artículo 127 de la Constitución señala en su fracción I, “Se considera remuneración toda percepción… con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación…”.
En el periodo del 1º de septiembre de 2015 al 1º de mayo de 2017, los apoyos no fueron comprobados por los legisladores, por lo que debieron haberse acumulado como remuneración en la declaración anual de cada diputado. Fue a partir del primero de mayo de 2017 que por acuerdo de la Jucopo y del Comité de Administración se expidieron los lineamientos para regular la entrega, destino, y comprobación de los apoyos económicos para los legisladores. Esta comprobación de los apoyos no debe quedar como un acuerdo de dicho Comité, sino como una obligación de ley.
Por acuerdo del Comité de Administración los diputados de la 63ª Legislatura se auto asignaron bonos diversos (subvenciones) por montos que suman al menos los 450 mil pesos por legislador. Fui el único diputado que rechazó la totalidad, Morena los aceptó.
Existe un principio de derecho que dice: “Donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición”. Así como los legisladores no tienen derecho legal ni ético de auto asignarse bonos, ni de manejar discrecionalmente y sin comprobar los recursos públicos que se les otorgan como apoyos para el ejercicio de la tarea legislativa, los grupos parlamentarios tampoco tienen derecho a auto asignarse subvenciones extraordinarias ni de no comprobar sus gastos de manera detallada, como obliga la rendición de cuentas. Todos los grupos parlamentarios, incluido el de Morena, recibieron las subvenciones extraordinarias, excepto Movimiento Ciudadano, que generó la devolución en ocasiones.
¿Quieren cambiar la política? cambien el Congreso de la Unión; aprueben leyes que obliguen a los legisladores a comprobar los gastos de los apoyos económicos que reciben y a no regalarse bonos; que los grupos parlamentarios no puedan auto signarse subvenciones extraordinarias que hoy representan en promedio el 37% de la totalidad de los recursos que reciben. Leyes que obliguen a los grupos parlamentarios a comprobar sus gastos y rendir cuentas para dejen de ser la caja negra que hoy son. Que se obligue a comprobar a detalle los gastos de las comisiones parlamentarias y que se eliminen los privilegios que tienen los legisladores.
Leyes que sancionen los moches y definan claramente el conflicto de intereses y las incompatibilidades de los legisladores, como lo sugiere el Irma E. Sandoval en su libro “Corrupción y Transparencia”. Una ley que prohíba a los legisladores recibir cualquier tipo de apoyo o prebenda por parte de empresas o de los gobiernos estatales.
¿Quieren los promotores de la cuarta transformación cambiar el país? Cambien el Congreso de la Unión, y háganlo en serio, no con populismo ramplón diciendo que se van a bajar el sueldo a la mitad.

Twitter: @ClouthierManuel