Las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por familias por desaparición de personas en su mayoría son por asuntos personales y se trata de adolescentes y niños; reveló Fernando Vázquez Rosas, vocero de la Unidad Especializada de Comunicación Social sobre Seguridad Pública de la Gubernatura.
El servidor público señaló que los principales casos son por la sustracción de los padres (conflictos maritales o desintegración familiar), pues de 8 a 10 casos encontrados son asuntos personales.
Vázquez Rosas explicó que niñas y niños que huyen de sus casas cuando son regañados por sus padres, porque se portan mal u obtuvieron bajas calificaciones; éstos son los los resultados más recurrentes de los casos de desaparición que se reportan ante la Fiscalía General del Estado.
Resaltó que al ser reportado una desaparición de una menor la Fiscalía activa los protocolos como el caso de la Alerta Amber para iniciar la búsqueda, que implica la movilización de las policías de todo el país .
El vocero de la Unidad Especializada de Comunicación Social sobre Seguridad Pública de la Gubernatura precisó que la autoridad no niega que exista robo de menores o trata de blanca, pero la mayoría se debe por: desajuste sociales, desintegración familiar, violencia intrafamiliar, confusión entre los menores a causa de las redes sociales, etcétera.
TRES ADOLESCENTES TABASQUEÑAS MUEVEN A POLICIAS DE TODO EL PAIS
El caso más reciente de una falsa alarma fue de tres menores, dos de 14 y una de 15 años.
Después de haber sido declaradas desparecidas, la Fiscalía General del Estado informó que fueron localizadas en la Ciudad de México sanas y salvas las tres adolescentes del municipio de Centro que se extraviaron y por las que se activaron las respectivas Alertas Amber, es decir, la movilización de las corporaciones policiacas de todos los estados.
A la capital del país se trasladó personal de la FGE con el objetivo de resguardar su integridad personal y realizar las diligencias para su traslado.
Desde un principio la dependencia informó que aunque en estos las investigaciones siguen abiertas, los avances de las mismas permiten descartar que el evento estuviera relacionado con trata de personas.
Autoridades del gobierno de la Ciudad de México informaron a la FGE del hallazgo de las tres jovencitas en la Delegación Venustiano Carranza, por lo que, al tener conocimiento de sus fichas de identidad difundidas por Alerta Amber, las aseguraron y pusieron a disposición del DIF capitalino.
Luego de la notificación y confirmación de uno de sus familiares, personal de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas y su titular, Irasema Medina Osorio, partieron ese mismo día hasta la capital del país para llevar a cabo las declaraciones correspondientes, continuar con el protocolo hasta agotarlo y poder desactivar la alerta.
La FGE inició la búsqueda formal de las menores el mismo jueves 9 de marzo en cuanto tuvo conocimiento de los hechos, aún y cuando no se había presentado una denuncia formal en la institución.
La primera acción implementada en esa fecha fue el traslado de agentes de la Policía de Investigación hacia su comunidad donde fueron vistas por última vez, los cuales realizaron entrevistas de campo, descartando desde un inicio que su sustracción hubiera sido a base de violencia.
El viernes 10, familiares presentaron la documentación necesaria para implementar la búsqueda de las niñas ante el riesgo en que podrían haberse encontrado, desplegándose peritos para el rastreo e iniciando con la difusión de las cédulas de identificación a través de instituciones, medios de comunicación y el apoyo con autoridades de todo el país. Durante este periodo, se efectuaron también tareas de inteligencia.
Al ubicarlas, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México remitieron a las adolescentes al Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes, donde quedaron bajo resguardo de esa autoridad.
Si bien la dependencia precisa que actuó con base a todos los protocolos, se debe destacar el gasto de recursos que implica movilización de personal administrativo y políciaco y que como éste, en la mayoría de los casos no se refiere a trata de personas, secuestro, sino a la irresponsabilidad de los padres de familia.
