Ganan empresarios amparo vs cuotas ilegales en Nacajuca

El sector empresarial advirtió que seguirán defendiéndose de las extorsiones, cobros ilegales y actos de corrupción en los que incurren los ayuntamientos tabasqueños, sobre todo luego de ganar un amparo contra cuotas que aplicaba el municipio de Nacajuca.
Pidieron a los presidentes municipales y regidores recapacitar en la aplicación de esas cuotas, ya que ni 2017 ni 2018 representan el “año de Hidalgo”.
Gabriel Oropesa Varela, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET), advirtió que los hombres de negocio continuarán defendiéndose legalmente mediante “demandas” y/o amparos.
En rueda de prensa, en la que estuvo acompañado de dirigentes empresariales afiliados al CCET, detalló que los municipios que extorsionan a los inversionistas son los de Centla, Nacajuca, Macuspana, Jalpa de Méndez y Cárdenas.
Detalló que de acuerdo con reportes de los socios del CCET, los cobros ilegales y/o extorsiones y/o actos de corrupción van desde permisos para abrir un negocio, derecho de piso para que los camiones entren a distribuir productos, licencias de funcionamiento no aprobadas en la Ley Municipal de Hacienda, además de cobros de las áreas de Protección Civil y Fiscalización.
Detalló que los cobros van de los 6 mil pesos por unidad que pretenda circular en los municipios a distribuir mercancía o productos como concreto pre-mezclado para las constructoras, a un millón de pesos por los permisos de construcción.
Esos cobros ilegales y/o extorsiones -como las calificó- únicamente ahuyentan las inversiones e impiden generar los empleos necesarios para abatir los altos índices de desocupación y delictivos.
Aunque no reveló el nombre, aseguró que una empresa tuvo que dejar de operar en el municipio de Centla debido a que las autoridades de la localidad le incrementaron las cuotas ilegales que ya les venía cobrando.
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Manuel Antonio Quirarte Flores, afirmó que este sector es el más afectado, a pesar de que precisamente uno de sus agremiados ganó un amparo al Ayuntamiento de Nacajuca, el cual le cobraba 6 mil pesos por cada unidad que pretendía entrar a descargar concreto pre-mezclado a diferentes obras.
“Es una situación asfixiante la corrupción”, aseguró en la rueda de prensa.
Reveló que a pesar de haber ganado el amparo, las autoridades de Nacajuca todavía impiden la circulación de las unidades, con lo que 45 empleos directos están en riesgo de perderse.
Pablo Ulises Jiménez López, presidente del Colegio de Arquitectos Tabasqueños (CAT), afirmó que han registrado casos en los que las alcaldías han solicitado a los empresarios hasta un millón de pesos para autorizar los permisos de construcción de diversas obras.
Leonel Álvarez Cid, delegado de la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga (Canacar), denunció que las alcaldías exigen 7 mil pesos como mínimo a las unidades que pretenden distribuir sus mercancías en los diferentes centros de consumo.
Los empresarios -sostuvo Gabriel Oropesa Varela- continuarán defendiéndose legalmente.