De acuerdo con la orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo y otras 24 personas, el exgobernador panista recibió transferencias por 18 millones de pesos a una cuenta contratada a nombre de Ingemar, con lo que se aprovechó de recursos generados por el huachicol fiscal, refieren las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
En la acusación se explica que Ruffo Appel era “un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”. Ingemar declaraba volúmenes aproximados de 10 mil litros de combustible; sin embargo, en realidad cada carrotanque contenía más de 100 mil litros de hidrocarburo en por lo menos 163 vehículos.
Ruffo es señalado por los probables delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Ruffo Appel, de 74 años, desempeñaba la función de operador estratégico en el nivel corporativo de la organización criminal, actuando como facilitador estructural y legitimador institucional.
Al formar parte del órgano de dirección de la empresa, fungió como instrumento para la comisión de los delitos, aportando con su intervención la estructura jurídica, dirección corporativa y continuidad operativa.
Esto para la ejecución sistemática del esquema ilícito, actualizándose así su intervención bajo una lógica de coautoría funcional en una organización criminal.
Las investigaciones de la FGR destacan que con los dictámenes periciales en materia de volumetría e ingeniería, se desprende que en múltiples operaciones realizadas a nombre de Ingemar, se declaran volúmenes aproximados de 10 mil litros por unidad.
Mientras que en realidad cada carrotanque contenía más de 100 mil litros de hidrocarburo, evidenciando una diferencia sistemática que revela la existencia de un mecanismo deliberado de ocultamiento.
“Asimismo, se acreditó que tales operaciones no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de una actividad reiterada y estructurada, desplegada a través de 163 carrotanques, mediante la intervención coordinada de diversos coimputados.
“Incluyendo agentes aduanales que, actuando como mandatarios de las empresas controladas por el imputado, introducían información falsa en el sistema electrónico aduanero y validaron los pedimentos con su firma electrónica”, dice la FGR en la indagatoria.
Indica que aun cuando Ingemar tenía permiso de la Secretaría de Energía (Sener) para importar petrolífero, las importaciones realizadas excedieron lo declarado en los pedimentos.
El permiso no lo salva porque el exceso no declarado constituye introducción ilícita, adquisición, posesión y enajenación sin derecho respecto del volumen excedente.
Ello, porque el permiso de importación sólo ampara el volumen autorizado, el producto específico y las condiciones establecidas en ese permiso.
Esto es, si el importador introduce más volumen del declarado en el pedimento sobre ese excedente, no tiene derecho por no estar amparado en el permiso y, por ende, no está declarado ante la autoridad aduanera.
En la totalidad de los datos de prueba analizados se permite establecer una línea lógica y coherente de intervención, en la que el exgobernador controlaba las personas morales utilizadas como instrumentos del delito, diseñaba el esquema de simulación aduanera y fiscal.
También se encargaba de coordinar a los operadores que ejecutaban materialmente las conductas y se beneficiaba económicamente de las operaciones ilícitas.
Además del exmandatario estatal, son acusados Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juárez y Adriana Magali Bárcenas Guillén.
En el oficio 529-V-DI-V-458/2026, del 19 de junio de 2026, firmado por la Dirección de Investigaciones de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, se formula la declaratoria de perjuicio en contra de las personas morales Ingemar y Servicios Aduanales JR.
El oficio hace mención a Ricardo Thompson Navarro, identificado como secretario de Ingemar y accionista de la empresa.
En tanto, José Merino Valdez Cuervo se identifica como accionista de Ingemar, mientras Juan Hermilo Chávez Rodríguez, agente aduanal, y Luis Antonio Barrientos Juárez, como dependiente autorizado del agente aduanal, entre otras personas.
Las personas morales Ingemar y Servicios Aduanales JR participaron en una mecánica de internación de mercancías que derivó en una afectación al fisco federal, a través de las siguientes conductas fácticas y registrales concatenadas.
Entre ellas: alteración de la naturaleza de la mercancía, donde las personas morales declararon en la documentación aduanera el ingreso al territorio nacional de un producto bajo una clasificación arancelaria y descripción comercial que no correspondía con su composición real.
Otra conducta es la subdeclaración de volúmenes; asimismo, el dictamen técnico contable acredita que las empresas asentaron en sus pedidos de importación un volumen de hidrocarburo por unidad de transporte menor al que realmente se introdujo al país.
“Esta discrepancia se constató al confrontar los datos de los pedimentos contra los dictámenes periciales en materia de volumetría practicados tras el aseguramiento físico”.
“Confirmando que el volumen real de la mercancía internada difería de la cantidad manifestada ante la autoridad aduanera respecto de la capacidad y el contenido de los ferrotanques”, según la orden de aprehensión.
Así como la situación regulatoria diferenciada respecto de los permisos de importación.
De igual manera, el análisis documental integrado en el expediente revela condiciones administrativas distintas para cada operador respecto del cumplimiento del artículo 48, fracción I de la Ley de Hidrocarburos.
“Ingemar figuraba con permisos vigentes expedidos por la Secretaría de Energía para la importación de diésel y gasolina, por lo que la inconsistencia detectada recayó en la descripción del producto y el volumen declarados bajo el amparo de la autorización.
“Servicios Aduanales JR carecía de registros o permisos localizados para la importación de combustibles ante la Secretaría de Energía, participando en el despacho y manejo de los hidrocarburos efectivamente dictaminados sin contar con la licencia regulatoria exigida por la normativa sectorial”, señala el documento.
Este conjunto de hechos tuvo como consecuencia una omisión en el pago de las contribuciones federales a las que ambas empresas estaban legalmente obligadas.
Ingemar omitió el pago de 158 millones 580 mil 417 pesos. En el caso de la contribuyente Servicios Aduanales JR omitió el pago de 2 millones 205 mil 239 pesos.
“Señalando que el ingreso de los ferrotanques a territorio nacional ocurrió dentro del periodo comprendido del 11 de abril de 2025 al 29 de junio de 2025”, puntualiza.
Dan prisión preventiva a Ernesto Ruffo y siete personas más por delitos de huachicol; permanecerá recluido en el Altiplano
Luego de casi 40 horas de audiencia por videoconferencia la jueza Alejandra Ramírez de la Vega , dictó prisión preventiva al ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel y siete acusados más por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Durante la audiencia inicial, se expusieron casi una centena de datos de prueba y el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) formuló la imputación por dichos delitos.
Tras diversos recesos durante la audiencia, el MPF logró obtener, para los imputados Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, la medida cautelar de prisión preventiva, la cual deberán cumplir en el Cefereso del “Altiplano”, en el estado de México.
El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, fue trasladado al CEFERESO del Altiplano, en el Estado de México, en medio de un fuerte operativo de seguridad, en la Ciudad de México, el 19 de julio de 2026. Foto Víctor Camacho
En el caso de José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillen quedará interna en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que luego del debate entre las partes, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.
Los imputados fueron detenidas en coordinación con el Gabinete de Seguridad, como resultado del trabajo de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que posiblemente participaron.
⭕️ “Rinoceronte” operado por elementos de la @SSPCMexico que trasladará al ex gobernador Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chavez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juarez, al Altiplano.
Más Información 👉… pic.twitter.com/NZ5ffTzbax
— La Jornada (@lajornadaonline) July 19, 2026
Apuntó que lo anterior representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.
Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales.
Según las investigaciones, las operaciones de este grupo delictivo vinculado a las actividades de la empresa Ingemar -de la cual Ruffo Appel es accionista mayoritario-, causaron entre enero y julio de 2025 daños al erario federal estimados en 4 mil millones de pesos ante la falta de cumplimiento en sus obligaciones fiscales.
A su vez, afuera de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se encuentran patrulla tipo Pick Up de la policía federal y un vehículo táctico de transporte blindado conocido como Black Mamba, vehículo táctico blindado (tipo APC y QRV) de fabricación mexicana, operado por elementos d e la Secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) que trasladará al ex gobernador Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, al Altiplano.
El ex mandatario de Baja California y demás acusados salieron de la FEMDO después de las 9:30 de la mañana a bordo del Black Mamba custodiada por un fuerte dispositivo de seguridad integrado por cuatro pickup militarizadas de la Marina y dos de la Secretaria de Seguridad federal.
