El ministro Jorge Pardo Rebolledo admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió un grupo de Diputados en contra de la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La impugnación fue presentada por 188 diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, quienes tienen 15 días hábiles, contados a partir del siguiente en que surte efecto la notificación del acuerdo para enviar una copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada, incluyendo la iniciativa, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado, en las que consten las votaciones de los integrantes de ese órgano legislativo, así como los respectivos diarios de debates.
También se requiere al Poder Ejecutivo Federal para que en el mismo plazo envíe a la SCJN un ejemplar del Diario Oficial de la Federación, en el que se publicó el Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.
Además de que se apercibe a las autoridades requeridas que, de no cumplir con lo ordenado, se les aplicará una multa.
Al presentar su informe, las autoridades deben señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidos que, de no hacerlo, las subsecuentes derivadas de la tramitación y resolución de este asunto, se les harán por lista, hasta en tanto cumplan con lo indicado.
Un grupo de senadores de oposición presentó la mañana de hoy viernes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra de la Ley de Seguridad Interior.
Encabezados por Manuel Bartlett, coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Senado; Luis Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Ernesto Ruffo, de Acción Nacional (PAN), se presentaron en el Máximo Tribunal del país.
Con 44 firmas de 43 necesarias, la oficialía de partes de la Corte recibió la impugnación.
Antes de retirarse, los legisladores aseguraron que la ley es anticonstitucional en todos los sentidos, al violar los derechos de los municipios, por lo que esperan pronta respuesta de la Suprema Corte Justicia de la Nación.
A inconformarse también asistieron Isidro Pedraza, Angélica de la Peña, Zoé Robledo y Martha Tagle.
