Ciudad de México. Diversas organizaciones civiles y comunidades indígenas de Yucatán exhortaron al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a votar a favor del proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías sobre la constitucionalidad de la Norma Técnica Ambiental para regular la operación de las granjas porcícolas en la entidad, publicada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado en 2022 sin consultar a los pobladores.
Aunque el asunto estaba programado para su discusión el día de hoy, con el número 30, el último de la lista, al inicio de la sesión del máximo tribunal del país se anunció que quedaría en lista, es decir, pendiente para otra sesión sin fecha definida.
Las comunidades y organizaciones señalaron que la aprobación de la iniciativa de la ministra Herrerías “representaría un paso fundamental para garantizar la protección de los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente frente a la expansión de la industria porcícola en la Península de Yucatán”, donde se estiman más de 500 fábricas.
En conferencia de prensa, habitantes de Chikin Ja y Kanan Lu’um Mo’ indicaron que respaldan el proyecto porque “permitiría fortalecer el derecho a la consulta previa, libre e informada y establecer un precedente clave frente a políticas y proyectos impulsados sin la participación efectiva de las comunidades mayas”.
Expusieron que la Norma Técnica Ambiental NTA-001-SDSD-22 fue publicada durante el gobierno del panista Mauricio Vila “sin realizar un proceso adecuado de consulta indígena, pese a los impactos ambientales, sociales y culturales” que la expansión de la industria porcícola ha provocado en los pueblos mayas de la región, incluyendo contaminación del agua, afectaciones a su territorio y riesgos a la salud y vida comunitaria.
Ismael Salzar, de Kanan Lu’um Mo’ y Matilde Dzib, de Chikin Ja, denunciaron que hay contaminación de cenotes, multiplicación de moscas que afectan sus cultivos, reducción de la población de abejas, “por la fumigación” de las empresas.
Toda esta contaminación “está acabado con todo lo que hemos cuidado ancestralmente”, lamentó Dzib.
Ya basta, dijo, que los gobiernos le den preferencia a estas empresas.
El amparo en revisión “es una oportunidad para hacer algo frente al desastre socioambiental de la península. Les exigimos (a los ministros) que con su decisión garanticen los derechos del pueblo maya peninsular. No sean cómplices de la impunidad ambiental generada por los jueces y magistrados del Poder Judicial Federal en Yucatán, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, gobierno del estado y del empresariado porcícola”, enfatizaron.
