La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) rechazó categóricamente que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias constituyan un mecanismo de censura.
Después de que el martes, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) expresó “preocupación” por los lineamientos que entraron a consulta pública, por el riesgo de “regresión democrática” y el nivel de las posibles sanciones, la comisionada presidenta del órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Norma Solano Rodríguez, señaló en diversos espacios radiofónicos que la libertad de expresión está garantizada y que el objetivo principal es fortalecer los derechos de las audiencias con procedimientos claros y transparentes.
“No hay censura, eso es categórico, la libertad de expresión se respeta y se armoniza con el derecho de las personas que está previsto en nuestra Constitución”, dijo.
Solano Rodríguez destacó que los códigos de ética y criterios editoriales son definidos por los propios medios de comunicación, y que la Defensoría de las Audiencias únicamente funcionará como un intermediario entre los concesionarios y el público, emitiendo recomendaciones en caso de que se presenten inconformidades.
Señaló que en caso de incumplimiento del procedimiento por parte de los medios, la ley prevé sanciones que pueden escalar hasta un procedimiento formal ante la Comisión, aunque este sería el último recurso. Apuntó que las quejas se canalizarán ante la Defensoría designada por cada medio, y solo si la recomendación no es atendida, la CRT intervendrá para emitir su propia recomendación y, de ser necesario, abrir un procedimiento administrativo.
La presidenta de la CRT reiteró que estos lineamientos, actualmente en consulta pública hasta el 21 de agosto, no crean nuevos derechos, sino que consolidan los ya previstos en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entre ellos se incluyen la recepción de información veraz, la distinción clara entre contenido editorial y publicidad, la no discriminación, el uso de subtitulaje y lengua de señas mexicana, así como la uniformidad en los niveles de audio.
La funcionaria insistió en que el mecanismo busca garantizar que las audiencias sepan que tienen derechos y puedan ejercerlos, sin que esto implique un sistema sancionatorio automático ni una limitante a la libertad editorial de los medios. “Se trata de reglas claras y procedimientos transparentes que benefician a todos: concesionarios, audiencias y a la propia industria”, dijo.
