Ciudad de México.- Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, respecto de la vinculación a proceso dictada en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con el caso Agronitrogenados.
La quejosa promovió el amparo el 29 de julio ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, en el que reclamó el auto del 7 de julio de 2026 mediante el cual se le vinculó a proceso en la causa penal 211/2019.
El juez Rubén Darío Noguera Gregoire concedió la medida cautelar, aunque únicamente dio a conocer el sentido de su resolución y no el alcance completo de la suspensión definitiva.
La Fiscalía General de la República (FGR) puede impugnar esta determinación para que un tribunal colegiado resuelva si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia.
Antecedentes de la vinculación
En julio pasado, la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal, Nora Ileana García Peralta, vinculó a proceso a Gilda Susana Lozoya al considerar que existían elementos para investigarla por su presunta participación en el manejo de recursos de origen ilícito.
Durante la audiencia, la FGR la imputó de conocer y participar en acciones mediante las cuales, en 2012, se lavaron 3.4 millones de dólares que su hermano recibió como soborno por parte de Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México, para que Pemex adquiriera la empresa Agronitrogenados.
La jueza la vinculó por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero la dejó en libertad condicional. Argumentó que la Fiscalía no aportó pruebas de haber investigado su paradero durante los últimos tres años, ni de haberla citado a comparecer ante el Ministerio Público, ni de haber solicitado que acudiera ante autoridades judiciales.
Aunque calificó de legal la detención —ocurrida el 1 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con base en una orden de aprehensión—, determinó que no existían elementos suficientes para imponerle prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica. En su lugar, le fijó medidas cautelares para continuar el proceso en libertad.
Con información de La Jornada
