Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República localizó en la capital una bodega que, según sus pesquisas, arrendaba el exvicealmirante Roberto Farías Laguna. Ahí halló objetos de lujo, listados de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos, documentos de seguridad nacional clasificados como reservados y confidenciales, además de armas sin registro.
En un videomensaje, la fiscal Ernestina Godoy Ramos sostuvo que el caso del buque asegurado en 2025 en Puerto Altamira, Tamaulipas, con 10 millones de litros de diésel, no apunta a un operador aislado. Detrás, dijo, hay una red en la que destacan Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, conocidos como Los Primos, a quienes atribuye capacidad para importar, mover, guardar y distribuir el hidrocarburo ingresado de forma ilegal.
De acuerdo con la FGR —elementos que ya valora el Poder Judicial—, ambos y sus presuntos cómplices habrían incidido en nombramientos, ascensos y movimientos de personal en aduanas marítimas, en la Administración Nacional de Aduanas y en la propia Secretaría de Marina. Godoy afirmó que Roberto N. gestionaba de manera directa esas designaciones y promociones.
Con esa estructura, según la fiscalía, la trama se repetía. Los barcos salían sobre todo de Texas con hidrocarburo declarado como aceite o aditivo para cambiar el trato fiscal. Servidores públicos y agentes aduanales coludidos, indicó, recibían pagos por cada embarque que se dejaba pasar; las revisiones, cuando las había, eran simuladas. La red, añadió, buscaba muestreos superficiales, volúmenes alterados o la liberación sin inspección, e incluso calendarios de arribo para apagar cámaras y no dejar registro de las descargas.
Ya en tierra, el combustible se movía a través de tres empresas formalmente constituidas. Una red de compañías fachada y triangulaciones financieras, dijo Godoy, daba apariencia legal a las ganancias.
Las pesquisas ubican operaciones de la misma red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México. La fiscalía sigue el rastro de accionistas, apoderados y enlaces en cada eslabón, con indicios de participación de Manuel Roberto N. y Fernando N.
Godoy subrayó que el contrabando de hidrocarburos debilita a las empresas del Estado y desvía recursos públicos. Precisó que una institución no se corrompe por el actuar de algunos de sus integrantes y que el secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, ha dado seguimiento a las investigaciones. “La responsabilidad es individual y todo acto ilegal será sancionado”, afirmó.
Recordó que el origen del expediente está en la denuncia que en 2024 presentó el almirante Rafael Ojeda ante el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, por posibles ilícitos vinculados con integrantes de la institución naval. Esa línea, dijo, derivó en uno de los golpes más relevantes contra el contrabando de combustibles: el aseguramiento del diésel en Altamira.
Con información de La Jornada
