Almoloya de Juárez, Méx.- Un juez de control adscrito al centro de justicia del penal federal de máxima seguridad del Altiplano determinó vincular a proceso penal al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por el delito de desaparición forzada de personas, relacionado con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La decisión se tomó luego de una audiencia de más de 15 horas de debate, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) logró que se presumiera su responsabilidad en el ilícito.
Aunque la defensa presentó más de 30 pruebas para desvirtuar la acusación, el juez consideró que ninguna resultó lo suficientemente contundente para desacreditar la versión de que Aguirre Rivero ordenó ocultar y destruir evidencias de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
El juzgador concedió un plazo de 120 días para la conclusión de la investigación complementaria, periodo en el que la defensa podrá reunir las pruebas que presentará durante el juicio.
La acusación de la FGR
La Fiscalía se basó principalmente en los testimonios de Blanca N, exvisitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Lambertina N, expresidenta del Poder Judicial de esa entidad.
Según estas declaraciones, Aguirre ordenó desaparecer toda evidencia de lo sucedido aquella noche, en buena medida porque su sobrino Ernesto Aguirre —quien fungía como su asesor— estuvo al tanto de los hechos desde el inicio y mantenía vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos.
La entonces visitadora Blanca N habría sustraído de la oficina de la presidenta del Tribunal un sobre que contenía un disco con imágenes captadas por cámaras ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala.
En esas grabaciones se observa la llegada de uno de los camiones con normalistas escoltados por personas armadas —algunas con uniforme y otras sin él—. Posteriormente, los estudiantes fueron obligados a subir a otro autobús que huyó con rumbo desconocido, siempre escoltado por policías y gente armada.
La Fiscalía consideró que esos videos constituían evidencia fundamental para identificar a quienes viajaban en el autobús y el trayecto que tomaron.
De acuerdo con el testimonio, la visitadora entregó el sobre con el disco a Ángel Aguirre en la oficina de la gubernatura la noche del 29 de septiembre, tres días después de la desaparición. El entonces gobernador se lo entregó al procurador Iñaki Blanco para que se deshiciera del material. Horas después ordenó a sus colaboradores borrar o destruir toda evidencia de lo acontecido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre.
Argumento de la defensa
La defensa intentó desvirtuar la acusación con testimonios y documentos que indicaban que el 29 de septiembre Aguirre sostuvo una reunión en la Ciudad de México con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Con ello buscaban demostrar que no se encontraba en Guerrero ese día y, por lo tanto, no pudo haber recibido el disco ni ordenar su destrucción.
El juez rechazó en esta etapa los 31 datos de prueba presentados por la defensa.
Ángel Aguirre deberá permanecer en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde enfrentará el proceso. Sus abogados anunciaron que insistirán en modificar la medida cautelar para que pueda seguir el juicio en prisión domiciliaria, argumentando el estado de salud del exgobernador, de 70 años de edad.
Con información de La Jornada
