Ciudad de México.- El gobierno federal recuperó 5.8 millones de dólares mediante un litigio en el Undécimo Circuito Judicial de Miami, como parte de una red de corrupción atribuida al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y a la familia Weinberg.
Omar Reyes, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, informó que se trata de una primera recuperación derivada de operaciones que, según las indagatorias, generaron afectaciones por 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que García Luna está preso en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y que, con posterioridad, se dedicó a “negocios corruptos” a través de sobreprecios y empresas de seguridad que simulaban servicios que no existían.
El titular de la UIF explicó que, entre 2008 y 2018, García Luna tejió una red de desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que incluyó contratos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por 403 millones de dólares con empresas privadas.
Indicó que hubo simulación de prestación de servicios, con participación de servidores públicos y empresas fachada. A partir del seguimiento del flujo de dinero se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y una demanda civil en Florida.
Según la investigación, la familia Weinberg tuvo un papel relevante en la estructura corporativa: obtuvo 30 contratos con sobreprecios a cambio de remuneraciones económicas, disimuló sobornos mediante pagos comerciales y simuló la materialidad de los contratos para extraer recursos públicos.
Las triangulaciones financieras se realizaron con Barbados y Miami, a través de sociedades y cuentas relacionadas con García Luna.
El 19 de mayo, el tribunal de Miami dictó sentencia condenatoria contra la familia Weinberg. El 25 de agosto, el gobierno mexicano recibió 5 millones 805 mil 693 dólares, derivados de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades. La UIF ya identifica otros inmuebles de esa familia para continuar el litigio.
Sheinbaum adelantó que esos 5.8 millones de dólares se destinarán a ampliar la infraestructura de educación media en la Montaña de Guerrero.
Calificó el caso como una muestra de “hipocresía” de quienes en su momento defendieron al exsecretario. Al ser cuestionada sobre si las pesquisas vinculan al expresidente Felipe Calderón o a algún familiar, respondió que hasta ahora no hay ningún elemento que lo relacione.