El Poder Judicial continúa el programa de formación de su personal y robusteció la capacitación sobre el sistema de justicia penal acusatorio adversarial, a instancias del presidente de la institución, Enrique Priego Oropeza, al impartir el curso de actualización sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal, que estuvo a cargo de Víctor Manuel Nava Casarrubias, juez de ejecución de sanciones penales de Guerrero.
Nava Casarrubias, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, especialista en justicia para adolescentes y el sistema penal acusatorio y oral, aseveró que uno de los temas que cobran mayor relevancia actualmente es la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, que debe ir en igualdad de circunstancias que los de una víctima u ofendido. Éstos deben ser garantizados por el Estado mexicano, ya que, de lo contrario, las autoridades pueden incurrir en responsabilidades.
Antes jueces penales, magistrados del Tribunal Superior de Justicia y consejeros de la Judicatura con quienes compartió sus conocimientos en la Centro de Especialización Judicial, el doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y el Estado refirió que el sistema de ejecución de sentencias busca reconocer la naturaleza de las personas privadas de la libertad en su condición humana, y por ello el Estado se convierte en garante de sus derechos, los cuales debe hacer valer y atenderlos.
Víctor Manuel Nava sostuvo que los jueces de ejecución deben especializarse en este tema y conocer como mínimo diez de los tratados internaciones que hacen referencia a las personas privadas de la libertad, entre ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, y el Conjunto de Principios para las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión.
Asimismo, deben tener conocimiento del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de Libertad (conocidas también como Reglas de Tokio) y las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok).
Comentó que existe la complejidad de que cualquier persona privada de la libertad puede hacer valer cualquier derecho que contengan estos tratados internacionales que marcan requisitos mínimos de vida en el internamiento, lo que ha llegado a plasmarse en una resolución de juez de ejecución, e incluso en apelaciones en segunda instancia y en amparos.
