La Administración de Control de Drogas ha enfrentado en los últimos años señalamientos por prácticas irregulares dentro de sus propias filas, luego de que documentos analizados en 2024 por The Associated Press expusieran presuntos patrones de corrupción en operaciones realizadas en distintos países.

De acuerdo con la investigación, miles de archivos confidenciales muestran cómo algunos agentes habrían desviado recursos y abusado de operativos vinculados al combate al narcotráfico, derivando en conductas alejadas de los protocolos oficiales.

Uno de los casos más representativos es el de José Irizarry, quien fue condenado a 12 años de prisión tras admitir que colaboró con organizaciones criminales para lavar dinero y que utilizó fondos ilícitos para financiar un estilo de vida de excesos. En declaraciones posteriores, aseguró que no actuó solo, al señalar la participación de otros funcionarios en esquemas similares.

A este expediente se suma el de Paul Campo, acusado junto con un socio de colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación en operaciones de lavado de dinero y adquisición de armamento. Según las investigaciones, ambos habrían gestionado recursos millonarios y facilitado transacciones ilícitas para el grupo criminal.

Los documentos también dan cuenta de conductas inapropiadas entre algunos agentes, incluyendo intercambios internos que reflejan excesos y comportamientos fuera de la normativa institucional, lo que derivó en sanciones administrativas en varios casos.

Otros expedientes judiciales han involucrado a exfuncionarios señalados por proteger redes delictivas o por filtrar información confidencial, lo que ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno de la agencia.

Estos antecedentes han alimentado el debate sobre la efectividad y transparencia de la estrategia antidrogas impulsada por Estados Unidos, así como sobre la necesidad de reforzar la supervisión dentro de sus organismos de seguridad.

Con información de Ap