Reinciden 66% reos liberados

La reincidencia delictiva de 66 por ciento de las personas que fueron liberadas de las cárceles mexicanas demuestra que no está funcionando bien el Sistema de Prevención y Reinserción Social de México.
Ignacio Rubí Salazar, subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), indicó que esa cifra es una confirmación de que se requiere revisar y replantear el sistema de prevención y reinserción social.
“Esto último se constituye en la prueba más clara de que no está funcionando bien nuestro Sistema de Prevención y Reinserción Social; la reincidencia delictiva de hasta 66 por ciento de quienes salen de las cárceles mexicanas es una muestra de que el Sistema Penal del país está fallando”, aseguró.
En ese sentido detalló que es necesario que, por ejemplo, se den oportunidades laborales en empresas privadas a quienes son liberados luego de cumplir su pena carcelaria, ya que de lo contrario es altamente probable que, al no tener una fuente legal de ingresos económicos, esas personas vuelvan a delinquir.
Una de las problemáticas –abundó- es que las empresas piden una “carta de no antecedentes penales” a quienes buscan una oportunidad laboral. Y es que –insistió- en la mayoría de los casos las personas que cumplieron con la pena impuesta y son puestas en libertad no encuentran la oportunidad de incorporarse a la actividad productiva.
“¿Cómo esperamos que se puedan reincorporar a la actividad productiva y vida social personas que estuvieron recluidas si se les está negando la posibilidad de incorporarse a una actividad productiva que les permita obtener de manera honrada un ingreso para poder mantener a su familia?”, cuestionó en entrevista luego de presidir la firma de un convenio con una empresa privada y la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado.
Destacó que para revertir esa situación el Gobierno Federal está impulsando acciones como la conceptualización clara y puntual del “antecedente penal”, así como la precisión de qué autoridades son las competentes para llevar el registro y en que términos y condiciones se debe llevar a cabo la cancelación de esos antecedentes penales y así evitar que se conviertan en una barrera para la reinserción de las personas en reclusión o que estuvieron recluidas y fueron puestos en libertad.
En México –precisó- actualmente hay 233 mil personas en reclusión, 95% por ciento de las cuales son hombres y el resto mujeres. En tanto –abundó- 70 por ciento ya están sentenciados y el resto están en proceso.
Lo más alarmante –advirtió- es que poco más de 50 por ciento de las personas en reclusión son jóvenes en el rango de 18 a 30 años.